Faría llegó al lugar antes que la mayoría de los funcionarios designados por el gobierno de Nicolás Maduro, a quienes impidió la entrada mientras realizaba una auditoría de los bienes y la documentación. Los funcionarios se quedaron en las afueras, donde también se reunió un grupo de venezolanos residentes en Costa Rica que son afines a la oposición y entre ambos bandos hubo algunos forcejeos e intercambios de palabras que obligaron a la fuerza pública costarricense a intervenir.
“Una vez cubiertos los trámites legales estipulados por la ley, hemos venido a la Embajada para avanzar con el proceso de transición que encabezan la Asamblea Nacional de Venezuela y el presidente Juan Guaidó para restituir el orden democrático, y eso pasa por garantizar el respeto a los derechos de nuestros connacionales fuera del territorio venezolano”, expresó Faría mediante un comunicado. La representante venezolana recibió el beneplácito del gobierno de Costa Rica el 13 de febrero. Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores extendió un plazo de 60 días a tres funcionarios diplomáticos del gobierno de Maduro para abandonar el país. En las afueras de la embajada, la jefa de la misión diplomática venezolana designada por Maduro, Norma Borges, calificó de “ilegal” el ingreso de Faría a las instalaciones.
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