Vargas y su familia son parte de los cientos de miles de puertorriqueños que sufren lo que el gobierno describe como los efectos de la insuficiente ayuda federal para la recuperación de la tormenta de categoría 4, que azotó la isla en medio de una recesión que llevaba 12 años.
Su madre de 83 años participa en un programa de asistencia nutritiva complementaria que ya no tiene fondos al agotarse los US 1,270 millones en ayuda que aprobó el Congreso tras el paso de la tormenta en el 2017, lo que obliga al gobierno a reducir beneficios.
“Aquí las personas de la tercera edad no están viviendo dignamente”, dijo Vargas, agregando que su madre dejó de tomar uno de los dos productos con insulina que necesita para controlar su diabetes porque no tiene dinero para pagarlo. Se acogió asimismo a un plan de pagos bajos de los servicios para que no le corten la luz y el agua, y solo tiene teléfono para emergencias que se conecta al 911 y no acepta llamadas.
Los fondos adicionales para cupones alimenticios permitieron al gobierno isleño ayudar a 279,000 personas que no estaban cubiertas por ese programa, el cual sirve a 1.3 millones de los 3.2 millones de isleños, y también aumentar beneficios de los que ya estaban cobijados.
El gobernador Ricardo Rosselló pidió al Congreso otros US 600 millones para el programa, pero no está claro si serán aprobados. La Cámara de Representantes a probó un proyecto de ley que autoriza esa suma y la iniciativa está ahora en manos del Senado.
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