Los restos de al menos 26,000 personas se encuentran custodiados en instituciones forenses del gobierno en todo México mientras son identificados. Miles de mexicanos más están desaparecidos, y se cree que sus cuerpos se encuentran en fosas clandestinas. López Obrador dijo el domingo que su gobierno asignará todos los recursos financieros y humanos que sean necesarios —”no hay techo financiero”— para identificar los restos y darle a las familias la tranquilidad de saber qué ocurrió con sus parientes.
La labor es monumental: las autoridades mexicanas carecen de capacidad de investigación y pocos delitos son resueltos; las familias mismas buscan a sus parientes en tumbas sin lápidas, y no existe una base de datos nacional de ADN para ayudar a identificar los miles de restos recolectados por trabajadores forenses. Todo lo anterior se debe en gran medida a los niveles grotescos de violencia —las autoridades mexicanas abrieron 33.341 casos de homicidio el año pasado—, pero también a la debilidad de las instituciones gubernamentales. López Obrador consideró que la pila de casos de personas desaparecidas es “la herencia más triste, dolorosa, que recibimos al llegar a este nuevo gobierno” el 1 de diciembre. El mandatario dijo que también siente el dolor de las familias.
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