Mientras Saikawa hablaba de los logros de esa operación combinada, guardaba un enorme secreto que solo conocían un puñado de ejecutivos de Nissan y un equipo de fiscales de la Unidad de Investigaciones Especiales, una división de élite de la justicia japonesa.
En ese mismo momento volaba hacia Tokio Carlos Ghosn, el carismático ejecutivo que había diseñado la alianza Renault-Nissan y ahora se desempeñaba como presidente de ambas compañías. Llegaría al aeropuerto de Haneda en unas horas, preparado para una ocupada semana de reuniones que, Saikawa sabía, nunca tendrían lugar. Cuando el avión aterrizó ese lunes 19 de noviembre, antes siquiera de que Ghosn mostrara su pasaporte, un grupo de fiscales subió a bordo para arrestarlo por violar la ley financiera japonesa. Esa noche, Ghosn durmió en el Centro de Detención de Tokio, un lugar que ningún ejecutivo de su talla había pisado como inculpado. Ghosn sigue allí más de dos meses después, con pocas posibilidades de ser liberado. Se le acusa de ocultar su verdadera compensación en documentos regulatorios, omitiendo declarar un pago diferido de al menos 80 millones de dólares que cobraría a su retiro, y de “violación de confianza” por utilizar fondos de Nissan para cubrir pérdidas financieras personales en 2008. Los cargos conllevan una pena de prisión de una década, y Ghosn, de 64 años, lucha contra ellos en un país donde los fiscales tienen una tasa de condena de casi el cien por ciento.
Nissan, que despidió a Ghosn como presidente casi inmediatamente después de su arresto, lo ha acusado de conducta indebida, alegando que utilizó a la empresa como una alcancía personal. Ghosn niega todas las acusaciones.
El descenso de este ejecutivo es el más vertiginoso en la historia reciente del mundo empresarial. En una época en que los escándalos corporativos a menudo terminan con un CEO que se embolsa un generoso finiquito y sigue con su vida, la posibilidad de que un alto ejecutivo enfrente la prisión es impactante. Ni sus aliados saben qué pensar de las acusaciones en su contra. Pero para algunos de ellos, su situación es más bien el resultado de una conspiración de palacio, un golpe de Estado. La asociación de Ghosn y Saikawa se remonta a 2001, dos años después de que se formara una alianza corporativa cuando Renault rescató a Nissan del borde de la quiebra pagando US$5,300 millones por un tercio de sus acciones. Ghosn eligió a Saikawa para dirigir una nueva oficina que coordinaría las compras entre las dos automotrices.
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