El Ministerio Público, mediante la procuraduría especializada correspondiente, será el responsable de ejercer la representación, defensa y persecución de los intereses del Estado y la sociedad.
El portavoz del Gobierno Roberto Rodríguez Marchena, publicó la información en su cuenta de Twitter.
La ley establece que el contrabando de hidrocarburos y sus derivados será castigado con prisión de tres a seis meses y sanción de 50 a 100 salarios mínimos del sector público.
Mientras que la complicidad será castigada con prisión de seis meses a cinco años y multas de 100 a 300 salarios mínimos.
Especifica que la reincidencia será castigada con el doble de la pena de reclusión y de sanción económica.
El artículo 14 establece que la vigilancia y fiscalización en puntos de venta de los productos, compete al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), excepto la fármaco-vigilancia que es una atribución exclusiva del Ministerio de Salud Pública.
La ley era esperada por los sectores afines.
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