En Estados Unidos hay cinco casos confirmados del nuevo virus proveniente de China, y en todos ellos las personas viajaron a la ciudad epicentro del brote, indicaron el domingo autoridades de salud.
Otros dos casos fueron reportados en la jornada: uno en el condado Los Ángeles, California, y el otro en el condado Maricopa, Arizona. Este último es de alguien vinculado a la Universidad Estatal de Arizona que no vivía en sus dormitorios para estudiantes, señalaron autoridades de salud en el estado.
Funcionarios del Departamento de Salud de Arizona no dieron a conocer el género ni la edad del paciente en el condado Maricopa, pero sí indicaron que no está gravemente enfermo y se encuentra en cuarentena.
Los tres casos reportados previamente son de un paciente en el condado Orange, California; un hombre de un poco más de 30 años en el estado de Washington, y una mujer mayor de 60 de Chicago.
El virus puede provocar fiebre, tos, falta de aire y neumonía. Pertenece a la familia de los coronavirus y es primo cercano de los letales virus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, en inglés), que han provocado brotes en el pasado.
Docenas de personas han muerto a consecuencia del nuevo virus en China, que ha suspendido el transporte en las regiones más afectadas, incluida la ciudad de Wuhan, donde fue detectado por primera vez.
Están en cuarentena
En general, los pacientes en Estados Unidos no se encuentran graves y están hospitalizados en cuarentena.
Enfrentamientos entre grupos armados durante el pasado fin de semana han dejado al menos siete muertos en el barrio de Cité Soleil de la capital de Haití, según reportaron a Efe este lunes testigos de esos sucesos, mientras que esta mañana un policía murió tiroteado en el centro de la ciudad.
Uno de los barrios más pobres de Puerto Príncipe había disfrutado de cierta tranquilidad en los últimos años gracias a la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), operación de paz que estuvo en el país durante 12 años, hasta octubre de 2017.
En Cité Soleil se estima que viven más de 250.000 personas que se vieron beneficiadas de la acción pacificadora de las tropas desplegadas por la ONU en el país, cuya marcha dio paso a otra misión de mucho menor tamaño, conocida por las siglas Minujusth.
Su labor, cuyo mandato finaliza el próximo 15 de abril, se centra en el desarrollo institucional y profesional de la Policía Nacional de Haití, aunque también vigila cuestiones como la situación de los derechos humanos.
Por otra parte, en la mañana de este lunes unos desconocidos asesinaron a tiros a un agente de policía en el centro de Puerto Príncipe cuando se encontraba en el exterior de su domicilio.
Según confirmaron a Efe fuentes policiales el ataque armado se produjo a pesar de que había gran cantidad de personas en la calle que fueron testigos del hecho.
Estos hecho agravan la situación de inseguridad en Haití, que ha ido empeorando desde 2018 y el país vive una profunda crisis política y económica, que se agravó este año por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial, y una inflación galopante.
La coyuntura se ha agravado tras las masivas y violentas protestas de dos semanas que iniciaron el pasado 7 de febrero, el mismo día en el que el presidente Jovenel Moise cumplió dos años en el cargo, y que han provocado un clima de incertidumbre y tensión social.
En dichas protestas, convocadas por el Sector Democrático y Popular, una de las facciones más radicales de la oposición, murieron 26 personas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si bien la Policía no ha ofrecido datos sobre el número de víctimas.
En sus protestas, los manifestantes exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos.
A resultas de la presión generada por las manifestaciones, promovidas por un sector de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en marzo una moción de censura contra el primer ministro Jean Henry Ceant, por la falta de respuesta al agravamiento de la crisis económica.
Jean-Michel Lapin asumió el cargo de primer ministro días después, aunque la oposición convocó una nueva protesta el pasado viernes para exigir la renuncia del presidente del país, Jovenel Moise, movilización que concluyó sin incidentes relevantes. EFE
Abrams explicó que él mismo se ha reunido con el embajador chino en EE.UU., Cui Tiankai, y que, además, el embajador estadounidense en China, Terry Branstad, ha mantenido varios encuentros con representantes del gigante asiático sobre la relación económica entre Pekín y Caracas.
“Hemos tenido conversaciones con China sobre sus relaciones económicas y financieras con Venezuela. Y el mensaje principal ha sido muy simple- tienen inversiones, comercio y préstamos que nunca van a recuperar. Ese régimen está destruyendo la economía de Venezuela”, manifestó Abrams.
China es el principal acreedor de Maduro- en la última década le ha prestado casi 62,000 millones de dólares, de los que un tercio (20.000 millones) aún está pendiente de pago, según una base de datos de la Universidad de Boston y el centro de pensamiento Diálogo Interamericano.
El Gobierno de Maduro paga con petróleo parte de esa deuda a China, nación que en 2018 era su tercer comprador de crudo (por detrás de EE.UU. y la India) con unos 332.000 barriles al día. “El problema -explicó Abrams- es que el petróleo y los ingresos por ese petróleo no están siendo usados por el pueblo venezolano, acaban en bancos de todo el mundo… Así que el problema no es tanto con el petróleo, sino sobre qué pasa con esos beneficios”.
Otro de los países con los que EE.UU. ha mantenido conversaciones es la India, que hasta hace poco compraba unos 300.000 barriles de crudo diarios a Venezuela. “En el caso de la India, urgimos a las compañías indias y al Gobierno a reducir, reducir y reducir sus niveles de compras de Venezuela. Han cooperado mucho y vale la pena decir que desde el principio han estado dispuestos a colaborar con EE.UU. y si ves los números, las compras de la India siguen bajando”, aseveró.
Este mes el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, pidió a su homólogo indio, Vijay Gokhale, que no se convirtiera en un “salvavidas económico del régimen de Maduro”.
El juicio que se le sigue a cinco de los nueve pandilleros, acusados de asesinar al estudiante dominicano Lesandro Guzmán Feliz (Junior), fue fechado por el juez, fiscales y abogados para este 15 de abril.
Cinco de los pertenecientes a la pandilla los trinitarios Elvin García, Santiago Rodríguez Hernández, José Muñiz, Manuel Rivera y Jonaki Martínez Estrella, serán enjuiciados en una primera fase. Los otros cuatros enfrentan cargos similares, enfrentarán posteriormente a un jurado.
Diego Suero, quien figura como líder de la pandilla, estaría delatando a sus compañeros, negociando sentencias para tratar de evitar ser condenados a cadena perpetua.
Los jóvenes son acusados de asesinato en primer grado, por la muerte del joven de 15 años, posesión ilegal de armas y ataque en pandillas y otros delitos.
Los pandilleros podrían enfrentar condenas de cadena perpetua.
Dentro de las están dos de los cuchillos usados, los cuales fueron recuperados y serán presentados en el juicio. Mientras que aun siguen en la búsqueda del machete, que habría usado Muñiz.
Guzmán-Feliz fue asesinado por “error” el pasado 20 de junio, al confundirlo con otro joven. Fue cazado por más de una docena de pandilleros en cuatro vehículos, hasta una bodega.
Washington, Estados Unidos.- John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, insistió hoy en denunciar el envío de personal y material militar a Venezuela por parte de Rusia y advirtió al Kremlin de que la Casa Blanca considera estas “acciones provocativas como una amenaza directa”.
“Seguiremos considerando este tipo de acciones provocativas como una amenaza directa a la paz internacional y a la seguridad en la región”, señaló Bolton en un comunicado en el que aseguró, además, que EE.UU. “defenderá y protegerá” sus intereses en el continente americano.
Por todo ello, el asesor advirtió con “vehemencia” a cualquier “actor externo” en contra de desplegar “activos militares” en Venezuela o en cualquier otra zona del continente.
“La Administración condena el continuado uso por parte de (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro de personal militar extranjero en su intento aferrarse al poder”, agrega el comunicado.
Bolton acusó a Maduro de recurrir a las Fuerzas Armadas rusas para buscar apoyo en su política de “represión” al pueblo venezolano, perpetuar la crisis económica que atraviesa el país y poner en peligro la “estabilidad regional”. “Hacemos un llamamiento al ejército venezolano a cumplir con su obligación constitucional de proteger a los ciudadanos de Venezuela”, concluyó el asesor.
El comunicado fue emitido dos días después de que el presidente Trump aprovechara una reunión por sorpresa con Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como presidente, para declarar que “Rusia tiene que salir” del país caribeño.
El pasado fin de semana, soldados comandados por el mayor general Vasili Tonkoshkurov, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ruso, aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, a bordo de dos aviones militares.
Rusia es uno de los mayores aliados del presidente Maduro, a quien respalda de manera pública ante el desafío de Guaidó, cuyo gobierno interino es reconocido por más de 50 países como el único legítimo del país.
El Gobierno de Maduro suele referirse a Rusia, que le provee de armamento, tecnología y otros recursos, como un “aliado estratégico” de su política multilateral.
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| (AP Photo/Dieu Nalio Chery) |
“La oposición no va a negociar ni ser parte de ningún Gobierno con Jovenel Moise, continuaremos con las movilizaciones hasta que se vaya. No vamos a aceptar que sea la comunidad internacional que imponga a alguien en el país”, afirmó el excandidato presidencial haitiano Jean Charles Moise.
El dirigente opositor afirmó que nada ha cambiado en el país, que hay más miseria, más hambre, más inflación y más inseguridad. “El primer responsable es Jovenel Moise, quien no quiere escuchar a la voz del pueblo. Hoy relanzamos las protestas pero vamos a seguir hasta que se vaya Jovenel”, exclamó.
“Para mí es importante estar en la calle para decir NO a este sistema, siempre voy a estar para pedir cambios profundos en el país. No vamos a aceptar que solo los políticos y los ricos puedan funcionar normalmente en el país”, expresó Carlo Pierre-Paul, uno de los manifestantes de este viernes. El opositor refirió que, pese a poseer diplomas que atestiguan sus niveles de educación, no consigue trabajo en el país y que consideró “inaceptable” que el futuro de los jóvenes haitianos sea solo el de emigrar.
Las protestas callejeras se produjeron en medio de la inseguridad que se vive en los últimos días en varias zonas del país como la propia capital, donde esta madrugada fueron asesinados a balazos un agente de la Policía Nacional y su esposa, un día después de un ciudadano portugués también fuera ultimado cuando salía de un banco en la ciudad de Saint Marc, al norte de Puerto Príncipe.
El miércoles pasado, el embajador chileno en Haití, Patricio Utreras, sufrió un ataque armado cuando se dirigía hacia una actividad solidaria al noreste de la capital del país caribeño. Las protestas de este viernes se producen justo una semana después de que Jean-Michel Lapin asumiera como primer ministro interino del país, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una moción de censura contra Jean Henry Ceant.
En su discurso de inauguración, emitido en parte a través de medios del Gobierno, el presidente de Nicaragua habló de los efectos negativos del cambio climático, economía y paz, entre otros temas.
“Es un enorme reto para librar esta batalla y luchar por la seguridad la vida por la paz, no habrá paz en la medida que estamos siendo víctimas en la forma que se sigue desarrollando la economía global”, dijo Ortega. Ortega, cuya presencia en la inauguración no estaba confirmada, apareció en la actividad junto con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, los dos únicos mandatarios presentes en la cumbre, junto con el anfitrión.
Al encuentro también asistió el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, quien suele estar presente en las actividades organizadas por Nicaragua. La cumbre se da en momentos en que Nicaragua vive su peor crisis sociopolítica en décadas, ya que en 11 meses cientos de personas han muerto, desaparecido o están bajo arresto en el marco de las protestas contra Ortega, y decenas de miles han optado por el exilio. Los jefes y representantes de los 25 Estados de la AEC y 9 de 12 asociados, tienen previsto emitir una declaración conjunta sobre el impacto del cambio climático en el Caribe, tema principal del encuentro, según la información oficial.
Vargas y su familia son parte de los cientos de miles de puertorriqueños que sufren lo que el gobierno describe como los efectos de la insuficiente ayuda federal para la recuperación de la tormenta de categoría 4, que azotó la isla en medio de una recesión que llevaba 12 años.
Su madre de 83 años participa en un programa de asistencia nutritiva complementaria que ya no tiene fondos al agotarse los US 1,270 millones en ayuda que aprobó el Congreso tras el paso de la tormenta en el 2017, lo que obliga al gobierno a reducir beneficios.
“Aquí las personas de la tercera edad no están viviendo dignamente”, dijo Vargas, agregando que su madre dejó de tomar uno de los dos productos con insulina que necesita para controlar su diabetes porque no tiene dinero para pagarlo. Se acogió asimismo a un plan de pagos bajos de los servicios para que no le corten la luz y el agua, y solo tiene teléfono para emergencias que se conecta al 911 y no acepta llamadas.
Los fondos adicionales para cupones alimenticios permitieron al gobierno isleño ayudar a 279,000 personas que no estaban cubiertas por ese programa, el cual sirve a 1.3 millones de los 3.2 millones de isleños, y también aumentar beneficios de los que ya estaban cobijados.
El gobernador Ricardo Rosselló pidió al Congreso otros US 600 millones para el programa, pero no está claro si serán aprobados. La Cámara de Representantes a probó un proyecto de ley que autoriza esa suma y la iniciativa está ahora en manos del Senado.
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